El Senado de la República aprobó, con 70 votos a favor y 39 en contra, las modificaciones a la Ley de Amparo, tras un intenso debate en comisiones y en el pleno. La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y dictamen.
Entre los cambios más controvertidos figura un transitorio de aplicación retroactiva, que permitiría que juicios ya en trámite se sometan a la nueva normativa. Esta disposición generó polémica incluso dentro del gobierno federal, pues la propia presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no estaba de acuerdo con incluirla.
Para suavizar críticas, el dictamen aclara que la figura de interés legítimo seguirá siendo reconocida para denuncias colectivas y derechos sociales, aunque con criterios más estrictos para evitar abusos en su uso.
La reforma también busca reducir plazos judiciales, digitalizar trámites y limitar las suspensiones automáticas que paralizan decisiones en casos fiscales u obligaciones administrativas.
A partir de esta aprobación senatorial, el debate se traslada a la Cámara de Diputados donde será definida la versión final. Observadores advierten que esta reforma podría redefinir el equilibrio entre el uso del amparo como escudo de los ciudadanos y como herramienta dilatoria.